Trabajadores de los juzgados denuncian la precariedad de los medios con los que cuentan
Publicado en www.lavozdigital.es
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| Juzgado de lo penal de Cádiz |
La falta de medios en los juzgados de la provincia de Cádiz es un problema endémico, que en los últimos años sólo ha encontrado soluciones provisionales, que generalmente resultan insuficientes, mientras se mantienen promesas de mejoras que pondrán todo en orden de una vez. Promesas que, sin embargo, parecen no llegar nunca a cumplirse. En Cádiz o Jerez se les llaman 'Ciudades de la Justicia' y en el resto de juzgados, 'nueva oficina judicial'.
Mientras se las espera, al colapso rutinario de asuntos y archivos desbordados por la acumulación de trabajo, se suman situaciones surrealistas provocadas por esa endémica falta de medios materiales y personales. El último ejemplo, como ya adelantó LA VOZ esta semana, fue el caso del juzgado mixto de Ubrique (que abarca a buena parte de los municipios de la Sierra), y que anunció que tendrá que repetir una serie de juicios ya celebrados en el pasado mes de diciembre, porque los sistemas de grabación habían fallado y las vistas se consideraban nulas.
Tras este incidente técnico puntual, se encuentra sin embargo un problema mayor: y es que este tipo de averías no pueden solventarse de manera inmediata porque, según los agentes judiciales no cuentan con la formación suficiente y los servicios técnicos se desentienden hasta que no se les pague atrasos por «servicios prestados», explicaron a este periódico. No en vano, en ciertas ocasiones funcionarios de Ubrique han tenido que trasladarse a otros juzgados a por material de grabación, por falta de medios.
Situaciones parecidas, en las que la precariedad de los equipamientos afecta directa o indirectamente a los ciudadanos y a la aplicación de la Justicia se repiten a diario en distintos juzgados de la provincia, donde reclaman no sólo más medios, sino uno que los que tienen cumplan unos mínimos de calidad y seguridad.
Nuevos equipos sin material
En los juzgados de Sanlúcar, Arcos y San Fernando, por ejemplo, el retraso en la llegada de equipos informáticos ha provocado también en los últimos meses problemas y demoras que influyen ya en los juicios. Concretamente, en las nuevas oficinas de servicios comunes, recién inauguradas el pasado 30 de diciembre de 2010, han permanecido inactivas durante los últimos dos meses porque, según los funcionarios, desde su puesta en marcha no contaban con los materiales fundamentales para llevar a cabo su labor: entre otros materiales, se abrieron las oficinas sin los ordenadores, sin los programas informáticos necesarios para los trámites de expedientes, pero ni siquiera fotocopiadoras.
Estas oficinas se encargan de la tramitación de notificaciones y del reparto de los nuevos asuntos que llegan a los los juzgados, lo que sin duda repercutirá en los señalamientos de los nuevos juicios.
En Sanlúcar de Barrameda, para colmo, a pesar de ser un edificio de reciente construcción, el trabajo se ha vuelto aún más precario desde que el 14 de febrero el juzgado sufrió un problema eléctrico que lo dejó sin suministro eléctrico. En este caso, se solventó el problema con la puesta en marcha de un equipo generador provisional, pero «durante varios días han estado sin electricidad; además, todo edificio público debe tener un equipo electrógeno de emergencia, con el que éste no contaba», explica Javier Fernández, secretario de Comisiones Obreras, que denuncia que en la administración de Justicia las soluciones se realizan «a parches» con una «política de hechos consumados».
Fernández pone como ejemplo de precariedad los juzgados «provisionales» de La Línea, «en los que trabajan los funcionarios desde 1996 en unas naves semindustriales, que no disponen siquiera de salidas de emergencias, ni accesos a minusválidos». En una situación similar de provisionalidad se encuentran también desde hace años los órganos judiciales mixtos de Rota, El Puerto de Santa María -que están situados en el polígono industrial de Las Salinas- o los juzgados de Lo Social y de lo Penal de Cádiz -que se encuentran en las oficinas del estadio de fútbol Ramón de Carranza-. Para colmo, según Fernández, los desperfectos en estos edificios de alquiler deben ser reparados por los propietarios, y no por la Junta de Andalucía -que aparece como arrendataria-, por lo que las soluciones se retrasan aún más. Los juzgados de lo Penal -tanto los de Algeciras, como los de Jerez y Cádiz- son, sin duda, los que más trabajo acumulan y también más denuncias y quejas por parte de sus funcionarios, que a finales de 2010 llegaron a remitir un 'ultimátum' escrito a la Consejería de Justicia, en la que advertían que la situación de colapso ha llegado a una situación imposible de manejar.
Riesgo de error judicial
Los trabajadores advertían en este escrito de su temor a que se produzcan errores judiciales similares al que se dio en un juzgado de lo Penal en Sevilla y que derivó en el asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés, ahora de renovada actualidad debido al juicio a Santiago del Valle García, uno de los acusados de ser responsables del homicidio. Del Valle eludió la cárcel porque no se tramitó la ejecutoria de una condena por pederastia. «Las estanterías están llenas de expedientes que no se tramitan, porque tenemos compañeros de baja que no son sustituidos; alguno puede esconder un nuevo caso Mari Luz», recuerda un funcionario de estos órganos.
Con todo, como recuerda Pedro Moral, también representante sindical, pero de UGT, la falta de equipamientos se agrava por la escasez de personal -otro de los problemas endémicos de la administración de Justicia en Andalucía- que no sólo tarda en reemplazarse en caso de vacantes o bajas, sino que apenas se amplía en los nuevos equipos. Por ejemplo, explica Moral, «de los cinco funcionarios del nuevo servicio común de San Fernando, sólo uno es de nueva creación y el resto son trasladados de otros departamentos, como el Registro Civil. Al final están cambiando piezas y no se dan soluciones», denuncia este representante sindical, que reconoce que «la falta de equipos informáticos se soluciona con más o menos tiempo; pero la falta de personal no se arregla tan fácilmente; es el esfuerzo de los trabajadores lo que logra que no se venga abajo el sistema».
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La oficina judicial, aplicada a medias
La puesta en marcha de las nuevas leyes procesales que entraron en vigor a mediados del pasado año y han puesto los cimientos de la llamada 'Oficina Judicial' -el nuevo modelo de organización de los juzgados- han traído más problemas que soluciones, según al menos las quejas de los funcionarios judiciales, que son en definitiva quienes aplican tales novedades.
Y es que, la nueva normativa impuso nuevas formas de funcionar a unos juzgados que aún no se han adaptado -ni tienen fecha de adaptarse- a ese nuevo modelo. Una aplicación a medias que en enmaraña la manera de trabajar. Entre las novedades que más quebraderos de cabeza han provocado destaca por ejemplo -según funcionarios consultados por este periódicos- la renovación de funciones de los secretarios judiciales, a los que han recaído nuevas competencias que hasta ahora correspondían a los jueces y que han aumentado la carga de trabajo.
Como compensación, la nueva ley exime a los secretarios judiciales de tener que levantar acta de manera presencial de las vistas, y por tanto pueden ausentarse de los juicios y firmar por medio de una firma digital. De hecho, la provincia de Cádiz ha sido una de las pioneras en la aplicación de esta medida.
Pero tampoco ha agradado a todo el cuerpo judicial, sobre todo a los agentes judiciales que dentro de las salas de vistas han visto cómo sus tareas se multiplican ante la ausencia de los secretarios.
La reforma legal también ha supuesto la renovación de formularios y esquemas de trabajo, que sin embargo, tampoco han llegado aún a los juzgados andaluces, ralentizando el trabajo en ellos.
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