[ Publicado en www.elcorreodigital.com ]
El Gobierno vasco aprobará otro decreto de euskaldunización para los juzgados
- La consejera Mendia quiere que «todo el procedimiento judicial pueda hacerse en euskera»
La titular de Administraciones Públicas y Justicia aseguró compartir «el espíritu y los objetivos» de la disposición invalidada por la Sala de lo Contencioso, que había sido negociada por Azkarraga con los sindicatos para lograr que en diez años hablaran euskera 800 de los 2.000 funcionarios de la plantilla judicial, excluidos los jueces, fiscales y secretarios.
En realidad, el Tribunal Superior no ha anulado totalmente el decreto, pero ha dejado sin efecto los aspectos más importantes. Por ejemplo, rechaza que el Gobierno vasco pueda establecer los perfiles de euskera en todos los ámbitos de la Administración de Justicia de forma genérica, incluso aunque su aplicación no sea inmediata en todos los casos. También considera que el número de plazas bilingües de un juzgado no debe depender del censo de euskaldunes de la comarca.
Comunicaciones escritas
La Sala también advierte de que no tienen por qué formarse equipos bilingües en todas las oficinas judiciales; y recuerda que el Gobierno vasco carece de competencias para decidir que las notificaciones y comunicaciones escritas se redacten en euskera y castellano.
El Ejecutivo vasco ha anunciado, en cualquier caso, que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior, pese a que tampoco comparte, por el momento, la idea de aplicar perfiles lingüísticos en toda la Administración de Justicia, sin limitarse exclusivamente a los puestos «singularizados», como indican los magistrados. De forma paralela, el gabinete de Patxi López elaborará un nuevo decreto, tratando de que «no acabe en los tribunales como el anterior, pero sí cumpla los objetivos de euskaldunización», según explicó Idoia Mendia.
El PP, por su parte, aseguró que el Tribunal Superior ha aportado «sensatez y orden» al debate sobre el euskera en los juzgados. El parlamentario popular Leopoldo Barreda señaló que el futuro decreto del Ejecutivo de Patxi López deberá ceñirse a las competencias autonómicas y «a la demanda lingüística real» del País Vasco.
El PNV, por el contrario, emplazó al Gobierno socialista a defender la capacidad de la Administración vasca para establecer medidas de euskaldunización en la plantilla judicial. «El decreto parcialmente anulado era moderado y progresivo», recordó la parlamentaria peneuvista Arantza Aurrekoetxea.
Aralar consideró «muy grave» que las comunicaciones escritas de los tribunales no deban redactarse en los dos idiomas cooficiales. «Los euskaldunes reciben el mismo tratamiento que los extranjeros», denunció el parlamentario abertzale Mikel Basabe. CC OO abogó por un acuerdo sobre el euskera entre los Ejecutivos vasco y central, y las centrales. ELA y CSIF señalaron que están analizando la decisión del Tribunal Superior.
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