Publicado en www.europapress.es
En su intervención de una mesa redonda organizada en ocasión de la celebración de las XXIII Jornadas de la Fé Pública del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, --en la que también participó el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Carlos Lesmes-- Rallo destacó que "en ningún caso" se impondrán a los tribunales sanciones económicas y puso de manifiesto que el organismo no impone multas a las administraciones públicas sino que da órdenes para que se reparen los daños, dado que su objetivo es que se subsanen los errores que han provocado las deficiencias.
Los tribunales afectados son el Juzgado de Violencia contra la Mujer número ocho de Madrid, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira (Valencia), el Juzgado de Primera instancia número 6 de Sevilla, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Igualada, la Audiencia Provincial de A Coruña y las Consejerías de Andalucía, Galicia y Valencia.
El director de la Agencia calificó, además, como deficitaria la aplicación del derecho fundamental a la protección de información sensible por parte de la Administración de Justicia y tachó la cuestión como uno de los "puntos calientes" en los que trabaja en la actualidad su agencia.
LOS JUECES INCUMPLEN POR IGNORANCIA
Por su parte, Lesmes se refirió también a la mala aplicación de la protección de datos en juzgados y tribunales y dijo que la administración de Justicia "aún no se ha tomado en serio" este derecho fundamental.
"La administración de Justicia infringe con relativa frecuencia un derecho fundamental, no por malicia sino por desconocimiento", afirmó Lesmes, que añadió que la protección provoca conflictos con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión o el derecho a la defensa.
Lesmes destacó que los jueces deben tener una "especial responsabilidad" para velar por la aplicación de este derecho en defensa de los ciudadanos. "Debemos de ser especialmente sensibles en el tema de protección de datos y no lo somos", concluyó.
REFORMA PROCESAL
Por otras parte, los integrantes del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales trataron en una primera potencias las reformas procesales que aprobará esta tarde el Congreso de los Diputados y concluyeron que después de los distintos esfuerzos realizados durante los últimos seis años "por fin parece que se va a aprobar una legislación que va a permitir disponer de un proceso judicial moderno y occidental".
Durante las XXIII Jornadas de la Fé Pública consideraron que la reforma permitirá que se estructure la nueva oficina judicial prevista en el año 2003 y se pueda prestar al ciudadano un servicio público del siglo XXI". En su opinión la nueva filosofía supone un incremento de las competencias del secretario judicial en la fase de alegaciones y en la ejecución lo que constituye "el único sistema posible de alcanzar la Justicia moderna".
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